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19/09/2017

Sumario

  • Hablar del Derecho Humano al agua, que tanto se utiliza para demonizar la gestión privada, no tiene sentido, puesto que son las empresas gestoras las primeras que lo garantizan en los términos señalados por la ONU
  • Lo que nos importa a todos es disponer en casa de un servicio del agua excelente, de calidad y para todos, que nos ofrezca seguridad y bienestar, respetuoso con el medio ambiente y financieramente sostenible

En España el agua es un bien común, de titularidad pública, cuyo uso prioritario es el abastecimiento a la población. El dueño y responsable del servicio de suministro urbano, y la posterior recogida y tratamiento de las aguas residuales, es el ayuntamiento, que es también el propietario de las infraestructuras. Y son las Administraciones Públicas las que supervisan los distintos aspectos del servicio: desde el financiero, pasando por el tarifario, sanitario, de calidad del agua, de riesgos laborales, hasta de normativa ambiental, entre otros. Y esto es así independientemente de que el modelo de gestión elegido sea directo -público- o indirecto -privado o mixto-.

Así, el ayuntamiento, como titular del servicio, es el único que puede modificar la tarifa del agua. También es quien establece, a través de los servicios sociales y en colaboración con la empresa operadora, los sistemas necesarios para cubrir total o parcialmente el coste de los recibos del agua de aquellos ciudadanos en riesgo de exclusión social que no puedan hacer frente al pago del servicio. En España no se corta el agua a nadie que no pueda pagarlo si se aporta la información que lo acredite.

Llegados a este punto, hablar del Derecho Humano al agua, que tanto se utiliza para demonizar la gestión privada, no tiene sentido, puesto que son las empresas gestoras las primeras que lo garantizan en los términos señalados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según los datos de la encuesta de la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento (Aeas) y la Asociación Española de Empresas de los Servicios del Agua (AGA), cerca de 24 millones de españoles residen en municipios en los que existen mecanismos para garantizar el servicio de agua y saneamiento a quien no pueda pagarlo por razones de exclusión social. En cada caso es diferente -bonificaciones, estructura tarifaria, fondo de solidaridad o de ambos tipos-, pero todos persiguen el mismo fin. Cada municipio es el responsable de fijar los criterios para acceder a este tipo de beneficios.

Señalar que la empresa gestora del servicio no puede condonar el pago de una deuda, porque si lo hiciera estaría actuando más allá de su competencia de gestor de un bien público. Por eso, en muchos de estos municipios las empresas operadoras firman convenios con los ayuntamientos para crear fondos sociales que garanticen el agua a familias sin recursos. Desde hace años, y de forma más acusada durante la crisis económica, Aqualia cuenta con diferentes mecanismos para aliviar la situación de las personas en riesgo de exclusión social.

Por ejemplo, cuando un ciudadano plantea en las oficinas de atención al cliente que se enfrenta a una dificultad con el pago de los recibos, se estudian planes personalizados para que esos usuarios hagan frente a sus recibos de un modo más llevadero.

De manera global, Aqualia financia, a fondo perdido, aplazamientos por valor de hasta 3,5 millones de euros al año. En algunos municipios, como Barbate (Cádiz), Caravaca de la Cruz (Murcia), Dènia (Alicante), Jaén, Lleida, Molíns de Rei (Barcelona), por ejemplo, Aqualia firma convenio con el ayuntamiento para crear un Fondo Social de Solidaridad que garantice el acceso al agua potable y el saneamiento a todos los ciudadanos que no pueden hacerse cargo del pago de su factura.

La ayuda del Fondo Social se concede de acuerdo con los criterios fijados por los Servicios Sociales de cada municipio en los casos de prestaciones económicas de urgencia social. Que los ciudadanos conozcan y soliciten, si tienen derecho, medidas sociales es importante, ya que en España no se corta el agua a nadie que no pueda pagarla. Pero para ello las empresas gestoras deben tener conocimiento de estas situaciones.

Conscientes de la falta de información que existe sobre ésta y otras cuestiones relacionadas con los servicios de agua, Aqualia puso en marcha a comienzos de este año una campaña en torno al microsite www.informacionrealdelagua.com. En ella se recogen 12 falsos mitos -uno por cada mes del año-, muy populares entre los ciudadanos, que rodean a la gestión del ciclo integral del agua y se aportan argumentos para desmontarlos.

El sexto mito de esta campaña sobre la información real de la gestión integral del agua gira en torno a la tarifa social: quién la aprueba, en base a qué y si los operadores pueden condonar o no el pago de una deuda. Toda una batería de datos para derribar el mito de que los operadores cortan el agua “a la primera de cambio”.

Las empresas operadoras que trabajamos en este sector tenemos el papel de colaboradores de confianza de las Administraciones Públicas en la prestación de un servicio tan esencial como el del agua. Más allá de cumplir eficientemente con nuestra labor técnica, mostramos cada día un alto compromiso con los millones de ciudadanos a los que prestamos el servicio, aplicando las medidas que sean necesarias, dentro de los límites de los contratos de concesión que se hayan firmado y de nuestro ámbito de competencia.

Detrás de empresas como Aqualia hay un equipo de personas que trabaja por la mejora de la calidad de vida de otras personas. Porque al final lo que verdaderamente nos interesa a todos, como ciudadanos, es disponer en casa de un servicio del agua excelente, de calidad y para todos, que nos ofrezca seguridad y bienestar, respetuoso con el medioambiente y financieramente sostenible, independientemente de cuál sea el modelo de gestión elegido y de quién preste dicho servicio.

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